El presidente de la comisión avisó que Carlos Ormachea se tenía que ir. Eran cerca de las doce y media.
Antes, Ormachea había hablado durante veinte minutos. Explicó por qué el RIGI le sirve a la industria petrolera argentina: la actividad es intensiva en capital, toda la plata hay que ponerla antes de sacar el primer barril, y el 21% del IVA es, en los hechos, 21% más de inversión que hay que financiar. Contó que el sector pasó de un déficit de 6.000 millones de dólares en 2022 a un superávit de 7.600 el año pasado, y que este año podría llegar a 10.000. Dijo que la producción trepó de 480.000 barriles diarios a fines de 2023 a más de 900.000 hoy.
Después empezaron las preguntas. Y las preguntas eran otra cosa.
Lo que le preguntaron
El diputado Itai Hagman fue el primero en marcar el punto incómodo. Dijo que no lo sorprendía escuchar al representante de la cámara de hidrocarburos explicando por qué el régimen le conviene a la industria que representa. Lo que quería saber era otra cosa: cómo se encadena eso con el resto de la economía argentina. Cómo tracciona empleo, ciencia, tecnología. Porque la imagen que le viene a la cabeza, dijo, no es Noruega. Es Nigeria, el Congo, Angola: países de enclave petrolero.
Julia Strada fue más quirúrgica. Leyó un artículo de EconoJournal de julio de 2024 y citó a los propios funcionarios del gobierno de Milei, textual: el upstream de petróleo no necesita el RIGI, y la industria lo sabe. El vicejefe de gabinete José Rolandi y la secretaria María Ibarzábal se lo habían dicho a los empresarios de la CEPH en persona. Federico Sturzenegger lo había negado durante el debate de la Ley Bases.
Y sin embargo, meses después, el Ejecutivo incluyó el upstream por reglamentación. Hoy Ormachea lo defiende.
Strada le pidió entonces lo único que importa: la estructura de costos. Sin RIGI, preguntó, ¿ustedes no pueden invertir? ¿Es un sector inviable?
Ormachea no contestó. Tenía que irse.
El hombre que sabe que no le sobra nada
Nada de esto lo agarra desprevenido. Ormachea tiene 75 años, lleva cuarenta en el Grupo Techint, es contador público de la Universidad Nacional de La Plata con un máster en Stanford, fue CEO de Tecpetrol durante diecisiete años y hoy es su chairman. Preside la CEPH desde 2023.
Y viene diciendo lo mismo desde hace una década, con una coherencia que hay que reconocerle: sin precio no hay inversión. Es su única ley.
Su tesis es que Vaca Muerta no tiene sentido como proyecto doméstico —hay recursos para más de cien años de consumo interno, y para entonces la demanda mundial de fósiles puede haber desaparecido—, así que o es un proyecto de exportación o no es nada. Y si es de exportación, hay que competir con el Permian de Estados Unidos. Ahí, dice, la Argentina llega con una desventaja estructural: el costo del capital.
Es un argumento sólido. También es, exactamente, el argumento que justifica el beneficio fiscal.
Lo que dice en otros lados
En una conferencia ante la industria petrolera mexicana, sin diputados enfrente, Ormachea fue bastante más franco sobre cómo se construyó el consenso alrededor de Vaca Muerta.
Dijo que la licencia social la logró YPF, y que funcionó porque la gente la percibía como una empresa del Estado —a una compañía privada, explicó, el público le hace un examen mucho más exhaustivo—. Y dijo que los argentinos tienen una especie de pensamiento mágico: siempre hay algo que va a salvarnos. Vaca Muerta se convirtió en una de esas cosas. La gente creyó que se salvaba con Vaca Muerta antes de que hubiera un solo número sobre la mesa. Y cuando algo se vuelve buena palabra, remató, los políticos se alinean atrás.
Es una lectura lúcida y un poco despiadada. También es la descripción exacta de la escena que se estaba viviendo en esa comisión.
No es una fiesta
Ormachea suele cerrar sus presentaciones enfriando el entusiasmo, y esta no fue la excepción. Las proyecciones de la cámara son enormes —superávits que podrían llegar a 49.000 millones de dólares en la próxima década— pero él insiste en que el escenario es exigente en todos los aspectos y que no le sobra nada. “Esto no es una fiesta”, dijo en otra presentación, hace pocos meses. Que nadie crea que hay abundancia para repartir.
Hay una lectura generosa de esa frase: es un ejecutivo prudente, formado en cuarenta años de ver caer la producción argentina, los subsidios comerse dos puntos del PBI y las certezas evaporarse.
Y hay otra, que es la que quedó flotando en la comisión sin respuesta. Que cuando el hombre que pide la exención fiscal es también el que dice que no hay abundancia para repartir, el que no reparte es él.
La estructura de costos, en todo caso, sigue sin conocerse. Ormachea tenía que irse.
