Ramiro González es el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 7 de la Capital Federal. También dirige la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), con competencia nacional; y se desempeña como fiscal a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1, con competencia penal y electoral.
Su trayectoria en el Poder Judicial se extiende por más de cuarenta años, un período en el que ha transitado un camino que comenzó como meritorio ad honorem; continuó con el paso por todas las instancias del escalafón y se consolidó con una continuidad funcional en distintos niveles del sistema judicial federal.
Nació en Bahía Blanca y se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para iniciar sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. De forma paralela, comenzó su trabajo en el Poder Judicial desempeñándose en cargos técnicos, donde adquirió una sólida experiencia en diversas áreas.
Un aspecto relevante de su carrera inicial fue su desempeño en la Secretaría Electoral de la Capital Federal.
También fue convocado a intervenir en expedientes de causas penales complejas que se tramitaron en el particular contexto institucional de los años 2001 y 2002.
En septiembre de 2004 fue designado fiscal federal. Desde entonces, su labor como fiscal le ha llevado a intervenir en una gran diversidad de causas relacionadas con el crimen organizado, que incluyen redes de narcotráfico, secuestros extorsivos, trata de personas, lavado de activos, delitos financieros y causas vinculadas a corrupción administrativa.
Su modo de trabajo se ha caracterizado por una supervisión directa de los casos, una constante articulación operativa con otras dependencias del Estado y un seguimiento procesal sostenido de aquellos expedientes que presentan múltiples imputados, medidas de investigación complejas y una significativa proyección institucional.
Desde 2006 se encuentra al frente de la UFIMA, unidad desde la cual desarrolla investigaciones sobre la afectación penal del ambiente, abarcando desde la contaminación de cuerpos de agua y los vertidos industriales hasta el acopio y transporte ilegal de residuos peligrosos.
En el ámbito de la Justicia Nacional Electoral, su función comprende la actuación en causas con competencia penal y en procesos vinculados al funcionamiento de los partidos políticos, la documentación electoral, los fondos de campaña y los actos comiciales, interviniendo en distintas investigaciones tendientes a garantizar la transparencia de los comicios y la integridad institucional del sistema de partidos políticos.